Primera noche en una cárcel común
El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977.
Por Diego Martínez
Luego de tres décadas impune, el último dictador pasó su primera noche en una cárcel común, condenado por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín consideró a Reynaldo Bignone coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas por sus subordinados de Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Lo sentenció a veinticinco años de prisión, igual que a Santiago Riveros y a Fernando Verplaetsen. También fueron condenados los generales Eugenio Guañabens Perelló y Jorge García y el coronel Carlos Alberto Tepedino, en tanto fue absuelto el comisario Germán Montenegro. Las cuatrocientas personas que durante horas y en absoluto silencio mantuvieron en alto las fotos de sus seres queridos desaparecidos estallaron en un aplauso cuando la jueza Marta Milloc leyó que se revocaban los arrestos domiciliarios.
Lejos del oscurantismo que durante años caracterizó a los procesos en Comodoro Py, el tribunal de San Martín, que también integran Héctor Sagretti y Daniel Cisneros, ratificó que es posible juzgar a los mayores criminales de la historia argentina a la vista de la sociedad, respetando las garantías e incluso absolviendo a un imputado sin que vuele una mosca. Riveros & Cía. reivindicaron por la mañana su actuación durante la dictadura (ver aparte), pero prefirieron escuchar la sentencia desde un salón aledaño. También se ausentó el defensor oficial Carlos Palermo, que insultó a familiares de víctimas luego de que le gritaran “cobarde” por pedir autorización para no escuchar el fallo. Además del público que colmó la sociedad de fomento José Hernández y los que siguieron la audiencia desde la calle, diecisiete cámaras de televisión llevaron al mundo las imágenes de la sentencia.
Presidente de facto tras la aventura de Malvinas, Bignone había quedado en la historia luego de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín. También se conoce su orden de incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas para borrar las pruebas del terrorismo de Estado, decisión que aún rinde frutos. Menos pública era hasta ayer su actuación en 1977 en el Comando de Institutos Militares (CIM), organismo del que dependían los cuatro centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo, por los que se estima pasaron cinco mil personas. El tribunal de San Martín condenó al dictador por once allanamientos ilegales, seis robos, cuarenta y cuatro secuestros y treinta y ocho tormentos. Gracias al método de la represión argentina de desaparición de personas, seguirá impune por los homicidios.
Las penas más altas, tal lo requerido por las querellas y los fiscales Javier De Luca, Juan Patricio Murray y Marcelo García Berro, abarcaron también a Riveros, ex jefe del CIM y de la zona militar VI, y a Verplaetsen, su jefe de Inteligencia, ambos condenados el año pasado por el asesinato de Floreal Avellaneda. Riveros se impuso en términos cuantitativos: quince allanamientos ilegales, siete robos, sesenta y un secuestros y cincuenta y cuatro tormentos. Milloc leyó uno a uno los nombres de sus víctimas.
A veinte años de prisión condenaron al coronel Tepedino, ex jefe de inteligencia interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y del Batallón de Inteligencia 601 en los dos años siguientes. Tepedino vivió hasta ayer en un tercer piso de Donato Alvarez 562, donde Página/12 lo retrató en 2003 mientras violaba su arresto domiciliario. Dieciocho años de pena le corresponden al general García, ex director del Colegio Militar de la Nación, y diecisiete a Guañabens Perelló, ex director de la Escuela para Apoyo en Combate General Lemos. El policía Montenegro, absuelto de culpa y cargo, fue jefe de la comisaría de Bella Vista. El tribunal resolvió “por mayoría” que se revoquen los arrestos domiciliarios y le encomendó al juez federal Juan Manuel Yalj, que instruye la megacausa Campo de Mayo, “la pronta elevación a juicio” y “la necesaria unificación” de casos “para evitar dispendio de recursos y trastornos para víctimas e imputados”.
“Mi viejo estaría muy contento porque se hizo justicia por tantos compañeros”, admitió Francisco Scarpatti, hijo del sobreviviente que denunció ante el mundo las atrocidades en Campo de Mayo y murió sin llegar a ver las condenas. “Cacho hizo todo, hasta el final de su vida, para que estos tipos terminaran presos”, agregó orgulloso Francisco, nacido en el exilio, mientras sus compañeros del Movimiento 26 de Julio le rendían homenaje al “Comandante Scarpatti” por “su historia y su ejemplo”.
“Estamos contentos, tenemos que revisar las absoluciones. Obviamente nos agravia la absolución de Montenegro”, reflexionó sobrio el fiscal Murray. “Lo más importante es que un símbolo de la impunidad va por primera vez a la cárcel”, afirmó el abogado y periodista Pablo Llonto. “Bignone fue el presidente de facto que ordenó quemar los archivos de las Fuerzas Armadas, que impulsó la autoamnistía para los militares, y gracias a Alfonsín fue excluido del Juicio a las Juntas. Por lo menos va a pasar un rato en la cárcel”, destacó Llonto, mientras los pibes de HIJOS coreaban su nombre.
Francisco Madariaga Quintela, que recuperó su identidad hace dos meses, escuchó ayer una y otra vez el nombre de su mamá Silvia entre las víctimas por quienes se hizo justicia. “Tengo una mezcla de sentimientos”, dijo. “Estoy emocionado, es la mínima pena que merecen, pero también siento bronca y tristeza porque no la puedo tener conmigo”, explicó. “Estoy procesando todo. Pasa el tiempo y te chocan mucho más las historias. Lo importante hoy es que se hizo justicia por ella”, rescató con los ojos llorosos.
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