Memoria del desprecio
Uno de los casos que fundamentan la denuncia penal y el juicio político contra el camarista Luis Miret es la privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de Luz Faingold, entonces de 16 años. Luego de un doloroso proceso personal y familiar, relata aquellos episodios. “Miret nos despreciaba como si él fuera nazi y nosotros judíos, con un odio como nunca más vi en mi vida”. Hoy no alberga sentimientos de venganza, sino de justicia.
Por Horacio Verbitsky, para Pagina 12
Aún hoy, a 35 años de la pesadilla, es una mujer joven, porque entonces era apenas una niña. La pequeña productora agropecuaria Luz Amanda Faingold Casenave cosecha uva y aceitunas en una finca de 17 hectáreas. Su esposo murió en un accidente de auto hace nueve años. Con él tuvo tres hijos, que recién hace un mes conocieron por una nota de este diario lo que había padecido su mamá. El entonces juez Luis Francisco Miret la mantuvo detenida durante tres semanas, una de ellas incomunicada, en calabozos policiales en los que fue torturada y violada a sus 16 años. La conmoción familiar fue enorme al saber que luego de su secuestro en Guaymallén había sido violada en el D2 policial, donde Miret la alojó pese a su edad. “Al principio me costó darme cuenta por qué se incluyó mi nombre en la nota. Pero luego entendí que tenía que saberse toda la verdad”. A raíz de la publicación “me puse a pensar en los delitos que se cometieron en relación a otras chicas, lo había olvidado. No había vuelto a hablar de este tema” agrega. La violación era el matiz específico de género en las torturas que sufrían todos quienes pasaban por allí. Sus padres conocían los hechos, pero no sus hermanos, bastante menores que ella, ni sus hijos. “Hoy gracias a la difusión del caso estamos más unidos, estamos mejor porque aceptamos nuestra historia, la persecución que sufrimos. Cuando salió la nota se habló de mí y vi que tenía que hablar yo”. Luego de varias semanas muy dolorosas, el núcleo familiar emergió fortalecido. La semana pasada Luz Faingold se constituyó como querellante en la causa penal contra Miret y contra el también camarista Otilio Romano, quien entonces era fiscal, y contó su historia al fiscal de derechos humanos Omar Palermo. La causa se inició por denuncia de los ex presos políticos Fernando Rule y David Blanco, y comprende hechos contenidos en los expedientes Mochi, Luna, Rabanal y Menéndez por la participación primaria de Miret y Romano en crímenes contra la humanidad, incumplimiento de deberes de funcionario público, participación en torturas y apremios ilegales y en abuso sexual agravado. La pauta reiterada era no investigar a miembros de fuerzas de seguridad denunciados por torturas, violaciones y robos y en cambio tomar como válidas las declaraciones de los detenidos contra sí mismos obtenidas bajo tortura. Al mismo tiempo, el Consejo de la Magistratura prosigue la instrucción del caso contra Miret y Romano, cuyo juicio político por estos hechos solicitaron los organismos defensores de los derechos humanos de Mendoza, con la adhesión posterior del gobierno de Celso Jaque.
Faingold aclara que se ha cruzado en la calle con Miret “y no me ha interesado vengarme. Sí me interesa que se haga justicia, por los demás. He hecho un trabajo personal para no albergar ni transmitir a mi entorno sentimientos de odio sino esperanza en la justicia, que algún día llegaría. Todo mi esfuerzo ha sido pensando en aportar un grano de arena para que nuestra sociedad comprenda que respetar los derechos humanos es la tarea más importante. Algún día las cosas van a cambiar. Me siento sana, no tengo odio, sino estaría enferma. Se sigue viviendo el gorilismo argentino, pero Mendoza está cambiando”.
Luz fue detenida en la noche del 28 al 29 de agosto de 1975 cuando acompañaba a su novio Eduardo Glogowsky. “Me encapucharon, me pegaron, hubo abusos y un simulacro de fusilamiento. Me trasladaron a la D2, yo no sabía entonces qué lugar era”. Eduardo militaba en el partido Política Obrera, Luz no tenía militancia propia. Miret ordenó la entrega de Luz a sus padres, como correspondía, pero media hora después revocó la decisión (el garantismo no le duró ni una foja: ambas decisiones constan en la que lleva el número 138 del expediente Mochi). “Me tuvieron siete días en el D2, fui torturada y violada, me gritaban y abrían la puerta constantemente. No nos daban de comer, ni agua, ni nos dejaban ir al baño”. Una noche la llevaron a un hogar de menores para “guardar un viso de normalidad”, y de allí la condujeron a declarar. “Tanto en la D2 como ante Miret sentí muchísimo miedo. Esperaba que con el juez pudiera hablar y me encontré con alguien que era igual a los milicos. Prudencio Mochi tiene razón cuando dice que recuerda a Miret como un milico más. Nos despreciaba como si él fuera nazi y nosotros judíos, con un desprecio y un trato de odio increíble, como nunca más vi en mi vida. Tenía desprecio por las personas que éramos. No podía mirar a otro lado más que a su cara de odio. Era muy chica entonces, venía de una clase media alta, y nunca había sufrido así tanta falta de respeto, ni volví a sufrirlo en mi vida”. Un peritaje del Cuerpo Médico Forense indicó que “necesita urgente tratamiento psiquiátrico y presenta depresión, angustia y vulnerable a vivencias psicotraumáticas”, pero Miret no hizo caso. “Tampoco tuve abogado defensor. Volví a aterrorizarme, como en el D2. Mi madre golpeaba y gritaba invocando la Constitución, hasta que logró entrar y presenciar mi declaración. Fue la primera vez que la vi en una semana de incomunicación. Pero Miret la hizo callar”. El juez le preguntó por un recorte de diario pegado a una hoja de su carpeta de clases sobre el acople en órbita de una nave espacial estadounidense Apollo con una Soyuz soviética. “No lo podía creer. Le dije la verdad, que era la tarea del profesor de matemáticas y astronomía. Nunca olvidé su cara y su odio, nunca volví a sentirme tan aterrorizada”. Miret le negó la excarcelación y la retuvo otras dos semanas en el hogar de menores, hasta que la Cámara de Apelaciones la puso bajo la custodia de sus padres. Pero tuvo que huir después de dos nuevos allanamientos en su casa, ya en 1976. El primero, a las 5 de la mañana. “Amenazaron a mi hermano, lo pusieron contra la pared, mataron al perro. Yo me escapé por los techos hasta la casa de un vecino. Cuando ocurrió el segundo allanamiento ya no estaba en mi casa. Me salvé porque alguien le dijo a mi madre que me sacara del país. Mi padre insistía para que me quedara, no podía entender que persiguieran a alguien inocente”. Miret y el juez federal Gabriel Guzzo solicitaron su extradición al Uruguay, que no la concedió pero la intimó a dejar su territorio en 24 horas. Pasó tres meses en Río de Janeiro como refugiada del ACNUR hasta que Francia le concedió la visa y se asiló en París. Diez meses después del triunfo de Alfonsín volvió al país, a pesar de que tenía todavía orden de captura. “Yo sabía que no había hecho nada. Me presenté al juzgado federal y al tiempo cerraron la causa”. Luz insiste en que se publique “algo positivo, no una cuestión de venganza personal. Estoy por el respeto a la dignidad humana, a los niños, a las mujeres, a la Tierra, hoy que justamente es el Día de la Tierra”. Por eso eligió la foto que ilustra la tapa de este diario, “con el Cordón del Plata al fondo y cerca del cauce del Río Blanco. Está buena porque refleja cuánto quiero a Mendoza, aunque sea tan conservadora”.
La suspensión
El miércoles 21 la Comisión de Interpretación y Reglamentos de la Universidad Nacional de Cuyo propuso por unanimidad la suspensión preventiva como profesor de Miret, denunciado por la Comisión de Estudiantes por los Derechos Humanos y la Ética y por el Observatorio de Derechos Humanos de Mendoza. El miércoles ese dictamen será tratado por el pleno del Consejo Superior de la Universidad, que elevará su recomendación al rector Arturo Somoza, quien ya dejó saber que a fin de año no renovará el contrato de Miret. Pero los estudiantes reclaman que sea sancionado ya mismo.
Marchas militares
Dada la gravedad de las denuncias “esta comisión propone al Consejo Superior que aconseje al señor rector que disponga suspender preventivamente mediante resolución fundada y otorgarle vista en los plazos legales al doctor Luis Miret a los efectos de que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa”, dice la resolución universitaria aprobada el miércoles de esta semana. Durante la sesión la comisión estudiantil proyectó imágenes obtenidas en archivos y bibliotecas, donde se ve a Miret cuando juró su cargo de juez federal, en 1976, junto a la plana mayor del gobierno provincial de facto. “A medida que las fotos aparecían los colores de la cara del decano de la Facultad de Derecho, Ismael Farrando, y del vicedecano Eduardo Emili tornaban de un gris parduzco a un rojo cada vez más furioso. Como correlato, vimos las caras de los otros consejeros superiores que con mucho interés, a medida que avanzaba nuestro relato, comenzaron a mostrar indignación contra Miret y afirmación por lo que pedíamos”, cuenta uno de los estudiantes. Como si no hubieran transcurrido tres décadas la Facultad de Derecho le entregó a Miret el texto de la acusación dos semanas antes de la sesión y los nombres de los miembros de la Comisión de Estudiantes y el registro de audio del Consejo Directivo de la facultad de Derecho ante el que la expusieron. El adjunto de la cátedra de Miret, José Rodríguez, asiste a todas las actividades que se realizan para denunciar el caso y toma nota de lo que dice cada uno. Hace tres años, Rodríguez organizó junto a la ahora disuelta agrupación estudiantil Derecho al Cambio la presentación en el hall central de la facultad de la banda del Liceo Militar General Espejo, que tocó marchas militares. Las autoridades de la facultad se cuadraron como en una formación militar.
Campeón del garantismo
Miret dijo al diario mendocino El Sol que era el “campeón del garantismo” y que no fue “juez del proceso, sino juez de carrera que actuó durante el proceso”. Bajo el gobierno constitucional de 19731976, Miret sólo fue defensor oficial, si bien tuvo algunas causas como juez subrogante. Recién en junio de 1976 fue designado juez. Muchos como él juraron por las actas y estatutos golpistas, porque en caso contrario hubieran perdido el cargo y corrido riesgo de secuestro. Pero algunos, como el actual juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, nunca aplicaron esos textos infralegales y, por el contrario, investigaron torturas, ordenaron libertades y concedieron opciones para salir del país. Miret y Romano no sólo los juraron, además los aplicaron con entusiasmo y se pronunciaron por la inconstitucionalidad de las normas que se les oponían. En el reportaje, Miret dijo que no recordaba haber visto detenidos con marcas de torturas ni haberse enterado de la existencia de desaparecidos. Sostuvo que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial”. Cuando se les permitía tomar indagatoria, los policías estaban “tentados en hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”, dijo con preciso conocimiento de la jerga canera. Esos apremios, “podían ser o no ciertos”, agregó. En los cuatro expedientes constan no sólo las denuncias de torturas de un gran número de detenidos, sino también los peritajes médicos que las confirman. Miret también dijo que los decretos de María Estela Martínez de Perón e Italo Luder, que ordenaban aniquilar la subversión eran secretos, por lo que recién los conoció en 1985 durante el juicio a los ex Comandantes. Tampoco eso es cierto. Los decretos 2770, 2771 y 2772/75 por los que Luder extendió a todo el país la orden que Isabel había circunscripto a Tucumán, fueron públicos, como consta en el Boletín Oficial del 4 de noviembre de 1975. Sobre la desaparición del profesor Mauricio López, Miret pensó que “se había escondido”. En una significativa admisión de su idea sobre la legalidad agregó que cuando le dijeron que “gente encapuchada” se lo llevó en un camión del Ejército pensó que “lo habrán detenido”. Respecto de la apropiación de los hijos de detenidos desaparecidos, Miret explicó que hoy es considerada un delito contra los derechos humanos, “pero en 1976 o 1977, si nos decían que los hijos de los aprehendidos eran dados en adopción, no nos causaba el sentimiento que hoy causa”.
Defensa propia
También negó haberse excusado por amistad íntima con el general Juan Pablo Saa durante el juicio de 1987. Sin embargo, la foja 88 del expediente 49283, Romero, Daniel, contiene la excusación presentada por Miret, quien consideró que no tenía objetividad para juzgar “a mi amigo el general Juan Saa”. Invocó para ello el artículo 75, inciso 12 del Código de Procedimientos en lo Criminal que regía entonces, y que no alude a amistad sino a “amistad íntima”. Saa fue procesado pero Carlos Menem lo indultó. Pese a su amistad íntima, Miret se negó a excusarse cuando se realizaron los juicios por la verdad en 2001 y tomó la declaración de Saa en forma complaciente. Luego de sucesivas apelaciones la Corte Suprema de Justicia decidió que debía apartarse porque como él mismo había admitido no era un juez imparcial, pero ante la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida los juicios por la verdad se interrumpieron.
Romano y Miret engañaron a la opinión pública y a la Federación de Colegios de Abogados (FACA), que expresó “preocupación por la indebida intromisión por parte del Ejecutivo Nacional a la necesaria independencia del Poder Judicial, al solicitar la promoción de juicio político a integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza”. Ni Romano ni Miret fueron denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional, sino por las víctimas y sus defensores. El Colegio de Abogados de Mendoza pretendió que se los acusaba por haber aplicado jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal cuando decidieron dejar en libertad a todos los represores detenidos en Mendoza. Tampoco es así: el denominado plenario Díaz Bessone de la Cámara de Casación es del 30 de octubre de 2008, pero la Cámara mendocina comenzó a disponer esas libertades el 23 de mayo y continuó el 13 y el 18 de setiembre. A esa fecha sólo quedaban tres detenidos. La Cámara de Casación tampoco dijo que había que dejar a todos en libertad sino evaluar la situación procesal, en caso de riesgo de fuga u obstaculización del proceso. La deliberada decisión de trabar y dilatar para que no se llegue a un juicio oral es una estrategia defensista de Miret y Romano, ya que en tal debate testimoniarían quienes los acusan. En el reportaje a El Sol, Miret mencionó el caso de su ex compañero en la Cámara Federal, Carlos Pereyra González. Durante el juicio oral en San Luis quedó en evidencia la complicidad de Pereyra González con el terrorismo de Estado cuando era secretario de juzgado. A raíz de ello debió renunciar y ahora puede ser juzgado. La responsabilidad de Romano como fiscal y de Miret como juez es mucho mayor que la de un secretario, de modo que ya sabían lo que les esperaba de llegarse al juicio.
Hay que aguantar
Otilio Romano dijo al militante diario La Nación, que lo publicó en su tapa, que las acusaciones por su actuación y la de Miret durante la dictadura eran para presionarlos por la ley de medios, cuando la cronología demuestra que los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después. Pero además, en el año 2003, cuando nadie pensaba en modificar la ley de radiodifusión de la dictadura, el periodista Rodrigo Sepúlveda presentó su tesis de graduación a la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, que incluye testimonios filmados en 2000, cuando Kirchner sólo era gobernador de Santa Cruz. Juan Carlos Yanzón y Hugo Tomini cuentan allí que los policías del D2 les bajaron la venda con la que los mantenían sin vista para que hablaran con el juez.
–¿Cómo está? –preguntó Miret.
–Dolorido –respondió Hugo Tomini.
–Hay que aguantar –fue el único comentario del juez.
Cuando denunciaron las torturas de que habían sido víctimas y las violaciones a las mujeres, Miret respondió con un gesto de indiferencia. Algunos meses después, Tomini consiguió que le dieran la opción para salir del país. Su padre fue a ver a Miret para que llenara los formalismos necesarios. “Si el presidente Videla no tiene nada contra su hijo, yo tampoco”, dijo. “Era un soldado de su general. No se ponía en juez, era uno más del escalafón”, describe Tomini. En el trabajo de Sepúlveda también se recoge el testimonio de Jaime Torrens, a quien Miret le dijo que lo iba a condenar porque “más allá de las pruebas que tenga, usted es mi enemigo”.
(Entrevista: Ana F. Adelardi)
