Carlos Villafuerte Ruzo, el juez que toma a víctimas por victimarios.
En la causa reabierta por la dudosa muerte del Obispo de la Diócesis de San Nicolás, fallecido en julio del ‘77 tras un choque presuntamente intencionado, el juez indagó a Víctor Martínez, único acompañante del obispo en el vehículo y sobreviviente del hecho.
Lejos de avanzar en las responsabilidades de militares como el coronel Saint Amant en la persecución al obispo previa al “accidente”, Villafuerte Ruzo procesó a Martinez por falso testimonio y lo apartó como querellante. Lo hizo por iniciativa propia, no en respuesta de una solicitud concreta de la defensa de los represores sospechados.
La decisión fue apelada y la Cámara de Rosario resolvió revocar la decisión de Villafuerte Ruzo, al determinar que su apreciación fue incorrecta (prevaricato pues utilizó doctrina a su favor cuando en realidad lo es en favor del imputado).
El Dr. Villafuerte Ruzo sacó un comunicado posterior al nuevo secuestro de Martínez, ocurrido en abril pasado, donde cuestiona el porqué de la presentación de un recurso de habeas corpus por Martínez, y no un simple pedido de “averiguación de paradero”, como pretende que se haga en estos casos.
Y aclaró en la nota que al procesarlo nunca quiso perseguir a Martínez, sino que sólo “cumple la ley”.
Este Juez es renuente a avanzar en las investigaciones, utiliza criterios y conceptos que son totalmente opuestos a los que sugieren el Ministerio Público y los organismos de DDH y dilata de manera excesiva todos los trámites de los procesos, entre ellas la causa “Cambiasso-Pereyra Rossi”.
Algunas dilaciones son escandalosas. Por ejemplo, en la causa de la supresión de identidad de Manuel Gonçalvez, hubo que apelar una medida donde el juez ponía conceptualmente en cabeza de los familiares y del mismo Manuel la responsabilidad por haber sido apropiado.
Quizás Villafuerte Ruzo lo hacía para no enfrentar el hecho de que los imputados son el juez de Menores de San Nicolás durante la dictadura, Juan Carlos Marchetti (el mismo que sobreseyó a Patti en la causa “Cambiasso-Pereyra Rossi” en los ‘80), el entonces juez civil Juan Delfín Castro, y los asesores de Menores de la época, Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina, a los que en abril de 2010 sobreseyó sin siquiera llamarlos a indagatoria. En Junio de 2010 la “Mesa de la Memoria por la Justicia ” de San Nicolás recusó al juez nicoleño por sospecha de parcialidad, ya que sería cuñado del General de Brigada retirado Enrique Benjamín Bonifacino, uno de los investigados en las causas sobre el Terrorismo de Estado por su actuación como jefe entre el ’75 y el ’77 del Regimiento de Infantería de Montaña 11 de Tupungato, dependiente del área 331, bajo la órbita del Comando del Cuerpo III del Ejército. Este personaje fue comandante del Comando del IV Cuerpo de Ejército en los ’80, y cuestionado porque en 1986, durante un ejercicio en Neuquén, los soldados conscriptos a su cargo eran torturados con corriente eléctrica obtenida de un teléfono de campaña. Además fue activo coordinador del Centro de Estudios del Círculo Militar, presidido por Ramón Genaro Díaz Bessone. A Villafuerte Ruzo el Consejo ya lo salvó de la destitución con la Resolución 477 de noviembre de 2010, que contestó a tres denuncias de Víctor Martínez por intimidación, amenazas y obstrucción de la Justicia. El Consejo dijo que “no surge ninguna irregularidad en la actuación del magistrado cuestionado que configure alguna de las causales de remoción”. ¿Caso cerrado?
fuente: argentina.indymedia.org
No, aún queda pendiente una Causa abierta por Persecución religiosa y asociación ilícita promovida por Víctor Martines ( el Juez la caratulo Incumplimiento de los Pactos Internaconales permitiendo de ese modo avanzar aun más rápido y que pretende llegar a la CIDH y otra Causa 01/11 ante el Consejo de la Magistratura que magistralmente siempre lo absuelve.
Queda abierta la Causa ante el Juzgado de Oyarbide donde de a poco VM avanza en la única tesis posible a su desparicion: la tenacidad de la persecución del ferviente católico Villavuerte Ruzo y un grupo de personas lo que configura asociacion ilícita y que conlleva penas de hasta 25 años de cárcel. VM prometió perserguirla hasta la CIDH
